Las autoridades mexicanas practicaron el mayor decomiso de hidrocarburo ilícito en el presente sexenio: 880,000 litros de combustible robado fueron asegurados, en una operación que refuerza tanto la seguridad energética como la recaudatoria del Estado. La medida no solo afecta a la cadena criminal del huachicol, sino que deja beneficios tangibles en términos fiscales y operativos.

El golpe operativo, realizado en varios puntos de Guanajuato y Puebla, representa un ingreso potencial de más de 10 millones de pesos en impuestos al combustible que las mafias pretendían eludir. Además, la confiscación interrumpe la cadena logística clandestina: desde pipas dopadas hasta estaciones irregulares de venta, que operaban con altos márgenes y riesgo para la población.

Desde la óptica económica, la operación permite a Pemex y Hacienda reducir la pérdida de recursos públicos estimada en miles de millones anuales. También genera variables optimistas en el precio de la gasolina —al disminuir el flujo ilegal—, lo cual podría amortiguar el incremento inflacionario derivado de revisiones tarifarias.

Más allá del decomiso, la estrategia detrás incluye tecnología de geolocalización, revisión de facturación electrónica y coordinación fiscal con estados y municipios. Ello establece un precedente para abordar no solo la corrupción energética, sino también la evasión tributaria asociada —un reto mayor si se considera que México pierde cerca de 340 mil millones de pesos al año por estas prácticas.

En Red República afirmamos: desarticular redes criminales no solo es un acto de seguridad, es una medida fiscal con impacto directo en el presupuesto público y en la competitividad del país.