El estado de salud de dos agentes intoxicados tras contacto con fentanilo encendió las alarmas en Chihuahua. Uno fue dado de alta, mientras que otro permanece bajo observación. El hecho revela una doble crisis: sanitaria y económica.
El fentanilo no es solo un desafío médico, es también un costo financiero creciente. Cada intoxicación representa gastos médicos, ausencias laborales y presión sobre instituciones de seguridad. La salud de los agentes es el primer frente, pero el impacto se extiende al gasto público y a la capacidad operativa de las corporaciones.
En términos económicos, la expansión del fentanilo en la región se traduce en un mercado ilícito que compite con la economía formal. El dinero que circula en este negocio ilegal no paga impuestos, no genera empleos formales y, en cambio, absorbe recursos públicos en salud y seguridad.
Además, la percepción de que agentes pueden intoxicarse en operativos genera desconfianza en la capacidad del Estado para enfrentar esta crisis. Eso repercute en la reputación de Chihuahua como destino seguro para vivir, invertir o hacer negocios. Empresas nacionales y extranjeras consideran la seguridad y la salud pública como factores críticos antes de instalar operaciones.
El problema del fentanilo no puede verse solo como un tema de narcotráfico. Es una amenaza transversal que afecta productividad laboral, encarece seguros médicos, debilita a las familias y erosiona la competitividad de ciudades enteras.
En Red República enfatizamos que el costo del fentanilo se mide en vidas y en millones. Cada intoxicación es un recordatorio de que la economía y la salud son inseparables.
