En la comunidad de Anáhuac se registró hoy el asesinato del agente estatal Humberto Velázquez, convertido en el sexto elemento de seguridad asesinado en lo que va del año en el estado de Chihuahua. El ataque, atribuido presuntamente al cártel de “La Línea”, no solo despierta alerta por su crudeza, sino también por sus posibles efectos en la percepción de riesgo para inversionistas, empresas logísticas y organismos financieros.
La presencia recurrente de agresiones contra cuerpos de seguridad en zonas rurales pone en entredicho la capacidad del Estado para garantizar estabilidad. Las alertas de riesgo elevan los presupuestos de seguridad privada, encarecen el operativo en continuidad de cadenas logísticas y desalientan proyectos productivos en la región. De acuerdo con datos oficiales, siete corporaciones estatales han registrado pérdidas por interrupción de patrullajes y refuerzo de protocolos de protección.
Si bien la Fiscalía estatal y la SSPE han prometido reforzar la vigilancia en comunidades colindantes y rutas estratégicas, la confianza de las empresas dependerá de la efectividad de esos despliegues. Sin una respuesta contundente y visible, los costos de operar en la zona seguirán en aumento.
Red República advierte: cada muerte de un agente no es solo un crimen; es un paso hacia la desconfianza económica.
