El pasado 27 de agosto de 2025, un episodio inédito sacudió la escena política mexicana: el senador Alejandro “Alito” Moreno (PRI) agredió físicamente al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña (Morena), después de que concluyera la sesión en la Comisión Permanente con el canto del Himno Nacional. El altercado, que incluyó empujones, puñetazos e incluso agresiones contra un camarógrafo, no solo reunió titulares, sino que abrió un debate sobre la fragilidad institucional y las tensiones partidistas en el país.
En los momentos posteriores al incidente, la Fiscalía General de la República envió agentes ministeriales al Senado para recoger la denuncia de Noroña y su colaborador Emiliano González González, herido durante la riña. Este protocolo de “justicia a domicilio” generó reacciones críticas en redes sociales y por parte de colectivos civiles, quienes denunciaron un trato privilegiado frente al acceso tradicional a la justicia que reciben otros ciudadanos.
Noroña anunció que presentará denuncias penales y solicitará el desafuero no solo de Moreno sino también de cuatro legisladores del PRI involucrados: Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Erubiel Lorenzo Alonso Que y Rubén Ignacio Moreira Valdez, a quienes acusa de agresión, lesiones y daño a propiedad pública.
La congresión de estos hechos en pleno Senado atropella la dignidad institucional y socava la confianza ciudadana. La cámara alta, el foro privilegiado para el debate civilizado, fue por un momento escenario de violencia física, y lo que debería ser una escena solemne —el Himno Nacional— devino en telón de fondo de una confrontación bochornosa.
Desde una perspectiva empresarial y económica, este tipo de escándalos distancia a inversionistas —nacionales y extranjeros— que buscan estabilidad política. La percepción de caos legislativo puede generar incertidumbre, afectar la confianza en el Estado de Derecho y, por ende, frenar proyectos de inversión, especialmente en sectores sensibles a la gobernabilidad como infraestructura, servicios públicos y energías renovables.
Además, los medios de comunicación y redes sociales se inundaron rápidamente de imágenes y críticas, obligando a Morena y al PRI a reaccionar. La opinión pública reparó en cómo los líderes políticos reproducen prácticas poco afines a la institucionalidad que dicen representar.
En suma, el “pelito” entre senadores Moreno y Noroña trasciende lo anecdótico: es una llamada de atención sobre la erosión de normas democráticas, la politización del poder legislativo y los riesgos reputacionales asociados. Además, pone en evidencia la importancia de la gobernabilidad pacífica y de una justicia igualitaria, aspectos clave para el clima de negocios y el ejercicio político responsable en México.
