La noticia de que una camioneta asegurada en Guadalupe y Calvo resultó ser una patrulla oficial encendió alertas en el estado de Chihuahua. El hallazgo no solo expone un posible caso de corrupción o desvío de recursos públicos, sino que también genera un impacto directo en la percepción institucional y en la confianza de empresarios e inversionistas.
La utilización irregular de bienes oficiales refleja una debilidad estructural: la falta de controles eficaces en municipios estratégicos. Para el ciudadano común, este tipo de casos alimenta la desconfianza hacia las autoridades. Para el sector empresarial, significa algo más profundo: una señal de que la institucionalidad está en riesgo y de que los recursos destinados a la seguridad pueden ser usados de manera indebida.
El costo económico de este tipo de incidentes es alto. Por un lado, se incrementan los gastos en seguridad privada, seguros y logística de transporte en regiones donde la formalidad gubernamental no se percibe como confiable. Por otro, se eleva la percepción de riesgo, lo cual repercute directamente en el costo de inversión. Empresas que consideran instalar operaciones industriales o comerciales en zonas del estado toman en cuenta no solo infraestructura y mano de obra, sino también la estabilidad institucional.
La confianza institucional es un activo intangible pero esencial. Cuando se debilita, el costo lo pagan no solo los gobiernos, sino también los emprendedores, comerciantes y grandes corporativos que deben operar en un entorno de incertidumbre.
En Red República subrayamos que cada patrulla oficial mal utilizada es mucho más que un escándalo político: es un golpe a la credibilidad de las instituciones y, en consecuencia, un freno para el dinamismo económico de Chihuahua.
