El estado de Chihuahua se ha convertido en el epicentro del brote de sarampión en México, concentrando aproximadamente el 93 % de los casos confirmados en el país —casi 3,979 contagios y 14 defunciones a la fecha del 27 de agosto de 2025—: una situación que obliga a evaluar su repercusión en los negocios, la economía regional y las empresas locales.
Desde el arranque del ciclo escolar, las autoridades sanitarias han respondido con intensas jornadas de vacunación. Hasta ahora, se han aplicado más de 351,000 dosis para niñas, niños y adolescentes de entre 6 meses y 19 años. Las acciones incluyen módulos en escuelas, centros comerciales, ferias de salud e intervenciones casa por casa, incluso en campos agrícolas, para frenar la propagación.
El brote impacta directamente a diversos sectores: hospitales y clínicas enfrentan presión por atención médica y logística de vacunación; el transporte y distribución de insumos sanitarios se intensifica; las empresas agrícolas, especialmente en municipios como Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes y Guachochi (este último con 176 casos, de los cuales 10 surgieron en días recientes), operan bajo incertidumbre, restringiendo su productividad.
El turismo local y la actividad comercial también se ven afectados. La movilidad y la confianza ciudadana se reducen frente al riesgo sanitario, lo que a su vez repercute en ventas, servicios y operaciones cotidianas. A esto se suma el riesgo reputacional de la región como destino seguro para inversión o actividades económicas.
Desde una perspectiva macroeconómica, Chihuahua desempeña un papel clave en la economía nacional. Un brote epidemiológico de esta magnitud reduce la fuerza laboral disponible, genera gastos extraordinarios en salud pública y puede retrasar proyectos o inversiones en curso, lo que afecta incluso la recaudación fiscal derivada de actividades productivas.
Por otra parte, la crisis abre oportunidades para el sector privado y organizaciones civiles. Empresas farmacéuticas y clínicas privadas pueden colaborar en campañas de vacunación y concienciación. Los proveedores de tecnología y logística sanitaria, así como los laboratorios y medios de comunicación locales, pueden ofrecer soluciones y servicios clave.
La respuesta del gobierno estatal —reforzada con respaldo federal y el seguimiento de organismos como la OPS— es fundamental. Se necesita mantener cobertura amplia, intensificar la vacunación en comunidades vulnerables (como la población menonita o jornaleros agrícolas), y garantizar que las campañas lleguen de forma clara, accesible y efectiva.
En síntesis, el brote de sarampión en Chihuahua no solo representa una emergencia sanitaria, sino un desafío económico y empresarial que demanda coordinación intersectorial: salud pública, empresas, gobiernos y comunidades deben trabajar de forma conjunta para contener la epidemia, restaurar la confianza y asegurar la estabilidad regional.
