En la última semana, la Secretaría de Gobernación Estatal clausuró nueve establecimientos en Chihuahua por presuntas irregularidades. Lo que parece una simple aplicación de la ley abre una discusión más amplia: el impacto económico de las clausuras en un ecosistema empresarial donde la formalidad y la burocracia aún se encuentran en tensión.
Cada clausura significa pérdidas directas para el empresario: ventas detenidas, empleos en pausa y cadenas de suministro interrumpidas. Pero también refleja la compleja relación entre regulación y dinamismo económico. Mientras las autoridades buscan garantizar cumplimiento normativo, los emprendedores señalan que los trámites excesivos y la fiscalización desproporcionada terminan sofocando a los negocios locales.
La economía chihuahuense depende en gran medida de pequeñas y medianas empresas. Si la clausura se convierte en una práctica recurrente sin acompañamiento de programas de regularización y capacitación, el resultado puede ser la desmotivación del emprendedor y el debilitamiento del mercado formal.
El reto está en encontrar equilibrio: aplicar la ley, pero al mismo tiempo fomentar la formalidad con incentivos, apoyos y simplificación administrativa. Sin ese balance, la clausura no corrige: paraliza.
En Red República afirmamos que cada sello de clausura no solo apaga las luces de un negocio, también oscurece parte del dinamismo económico de Chihuahua.
