Durante la última semana, la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección de Control y Regulación de Bebidas Alcohólicas, clausuró 12 establecimientos en Chihuahua capital por incumplir la normativa legal, que reglamenta horarios, licencias y venta de alcohol sin permiso oficial. La acción generó controversia entre propietarios, quienes alegan falta de comunicación previa y condiciones arbitrarias.
El control riguroso busca mitigar riesgos sociales y sanitarios, pero impacta directamente en la reactivación económica de sectores como bares, restaurantes, salones de eventos y distribuidores. Los cierres implican pérdidas inmediatas por ventas detenidas, pérdidas de insumos perecederos, gastos legales y deterioro de la reputación empresarial.
Sin embargo, también genera un mensaje de previsibilidad legal: sólo operan conformes, lo cual a la larga favorece entornos formales, reduce costes de incertidumbre y asegura que quienes cumplen puedan obtener beneficios sociales como incentivos, permisos o publicidad local.
Los empresarios afectados podrían recurrir al proceso administrativo para reabrir sus negocios, pero el proceso no es rápido ni barato. La autoridad señala que se investigan irregularidades en licencias vencidas, venta después de horario, venta a menores o mal manejo de registros.
La regularización también obliga a digitalizar sistemas de control y mejora el entorno de competencia limpia. El reto es equilibrar vigilancia con apoyo institucional, evitando que el costo de operar se eleve tanto que incentive la informalidad.
Red República lo plantea claro: quien regula, también limpia el suelo para que florezca la inversión responsable. Pero si no hay acompañamiento, también arriesga al sector informal.
