Autoridades detectaron en Chihuahua y Ciudad Juárez la operación de una red de escorts extranjeras que ofrecían sus servicios a través de plataformas digitales. El hallazgo, más allá del aspecto policial y social, abre un debate económico de gran calado: la existencia de un mercado paralelo que compite con sectores formales y deja fuera de la legalidad millones de pesos que podrían integrarse a la economía local.
El fenómeno no es nuevo. Plataformas digitales han facilitado la llegada de prestadoras de servicios desde otros países, que operan con pagos en efectivo o transferencias sin facturación. Esto significa evasión de impuestos, ausencia de regulación sanitaria y riesgos para los consumidores. En términos fiscales, el Estado pierde ingresos considerables por un sector que se mueve con gran dinamismo en ciudades fronterizas.
Además, este mercado paralelo compite con comercios establecidos en sectores afines, como hotelería, bares, transporte privado y hasta servicios de entretenimiento formal. La captación de clientes por vías digitales desvía capital de negocios que sí cumplen con requisitos legales, afectando la competitividad y la formalidad en la economía urbana.
En Ciudad Juárez, donde la atracción de turistas y visitantes de Estados Unidos es clave, la operación de estas redes extranjeras puede representar un golpe a la imagen de la ciudad. En Chihuahua capital, la presencia de estas actividades refuerza la narrativa de informalidad y vulnerabilidad institucional.
El reto es doble: por un lado, garantizar que no existan condiciones de explotación o trata; por otro, reconocer que se trata de un mercado con gran demanda que necesita regulación y alternativas formales. Ciudades en otros países han logrado convertir la regularización en fuente de ingresos fiscales y en control sanitario.
En Red República destacamos que cada peso que circula fuera de la formalidad es un peso menos para la competitividad local. Las redes de escorts no solo plantean un desafío de seguridad, sino una economía paralela que erosiona al comercio establecido y a las finanzas públicas.
