La Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley General para Prevenir y Combatir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en un intento por actualizar y reforzar el marco legal contra el lavado de dinero en México. La iniciativa incorpora herramientas más modernas de fiscalización, coordinación interinstitucional y sanciones más severas para quienes faciliten transacciones ilegales.

Aunque el objetivo es combatir redes criminales, la aprobación de la ley también tendrá efectos inmediatos sobre sectores legales que manejan grandes volúmenes de efectivo o activos difíciles de rastrear: bienes raíces, automotriz, casas de empeño, joyerías, criptomonedas, y hasta el entretenimiento. Expertos fiscales advierten que las empresas deberán revisar a fondo sus protocolos internos, reforzar sus sistemas de compliance y capacitar a su personal administrativo para evitar sanciones o congelamiento de cuentas por omisiones involuntarias.

El sistema bancario, por su parte, anticipa mayor presión regulatoria. Las instituciones financieras tendrán que implementar nuevas tecnologías de verificación y seguimiento de transacciones, lo cual implica costos adicionales en software, personal y auditorías externas. Para los inversionistas, especialmente los extranjeros, la transparencia que se busca generar puede ser positiva, pero si se aplica con exceso de burocracia podría volverse un desincentivo.

México busca mejorar su imagen internacional en temas de lavado de dinero, pero el reto será aplicar la ley sin paralizar la dinámica económica de sectores legítimos.

Red República lo deja claro: combatir el dinero sucio es vital, pero sofocar la economía formal sería el peor lavado colateral.