La mañana del 12 de julio, en Guadalajara, una mujer de 28 años conocida como Karla fue asesinada con arma de fuego por su ex pareja sentimental en calles de la colonia Balcones de Oblatos. El crimen fue grabado y difundido ampliamente, lo que encendió el reclamo de colectivos feministas que denunciaron la grave normalización de la violencia de género en México.
La Fiscalía de Jalisco activó el protocolo de feminicidio e investiga a detalle el caso, mientras la presidenta Sheinbaum condenó el hecho y ofreció apoyo total desde el gabinete federal. No obstante, el efecto económico es profundo: cada feminicidio resta confianza, provoca fuga de cicloturistas, agudiza la desinversión inmobiliaria y eleva índices de cancelación en empleo femenino, lo que termina encareciendo para todos los sectores la operación laboral.
Las denuncias sociales, impulsadas por organizaciones como Sororas Violetas Jalisco, han enfatizado la necesidad de analizar nexos entre violencia machista y crimen organizado. El enlace con armas de gran calibre expone debilidad en los esquemas de control de violencia en una metrópoli clave para inversión en servicios, educación y turismo cultural.
La respuesta institucional deberá ser integral. Jalisco ha prometido acelerar labores de investigación, pero lo decisivo será la implementación de políticas públicas enfocadas en prevención, protección y reparación, así como la coordinación con Federación para aplicar programas que eviten la impunidad, recuperación de espacios públicos y formación comunitaria.
Red República observa: donde la violencia contra la mujer se diluye en la impunidad, también se rompe el tejido económico e institucional que sostiene una comunidad.
