La discusión sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales avanza en el Congreso y podría aprobarse este mismo año. La propuesta es vista por amplios sectores como un triunfo laboral y un avance en calidad de vida, pero desde la óptica económica abre un debate de gran trascendencia: ¿qué costo tendrá para las empresas y qué beneficios traerá para la productividad del país?
Los defensores de la medida argumentan que reducir la jornada laboral incrementará la eficiencia, mejorará la salud física y mental de los trabajadores y generará un mayor equilibrio entre vida personal y profesional. Países que han implementado modelos similares, como algunas naciones europeas, han reportado incrementos en la productividad y disminuciones en los índices de ausentismo.
Sin embargo, para muchas pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en México, que representan más del 70% del empleo nacional, la medida implica un desafío mayúsculo. Ajustar horarios significará contratar más personal o pagar más horas extras, lo cual incrementa costos operativos en sectores de baja rentabilidad. Sin incentivos fiscales o esquemas de apoyo, estas empresas podrían ver comprometida su viabilidad.
En el caso de Chihuahua, la medida tendrá un impacto directo en industrias clave como la maquila y la manufactura. Estos sectores compiten en cadenas globales donde los costos laborales son un factor decisivo para atraer contratos internacionales. Una aplicación rígida de la reforma podría encarecer la operación y restar competitividad frente a países que no tienen límites similares.
El equilibrio dependerá de cómo se implemente la reforma: si se acompaña de programas de capacitación, incentivos fiscales y estrategias de productividad, podría convertirse en una ventaja competitiva. De lo contrario, existe el riesgo de que se transforme en un freno económico.
En Red República señalamos que cada hora menos en la jornada laboral es también una ecuación económica: bienestar social frente a sostenibilidad empresarial.
