El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, recibió un nuevo revés favorable en su historial judicial: el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló los créditos fiscales en su contra y ordenó la devolución de bienes asegurados por su supuesta deuda con el fisco. Entre ellos, destaca una propiedad ubicada en Parral, operada por su empresa Hidroponia de Parral S.A., donde se localiza un pozo agrícola de alto valor estratégico que estaba siendo utilizado por el Estado para abastecer de agua a la región.

El pozo, conocido como “La Tomatera”, forma parte de un terreno utilizado en su momento para el cultivo intensivo de tomate. Fue asegurado en abril de 2017 y más tarde quedó bajo resguardo del gobierno estatal, que lo integró al proyecto del acueducto “El Verano” con una inversión aproximada de 9.8 millones de pesos. Este sistema tenía como objetivo suplir entre 50 y 70 litros por segundo a la red de distribución de agua potable en Parral, una ciudad que en los últimos días enfrenta un déficit de 40 litros por segundo.

La sentencia judicial ordena no solo la devolución de los bienes, sino también la entrega en las condiciones originales, lo que implica posibles reparaciones y compensaciones económicas si se demuestra un deterioro atribuible al Estado. Expertos legales han señalado que esta devolución podría implicar incluso la cancelación del uso del pozo dentro del plan hidráulico, a menos que se llegue a un nuevo acuerdo legal o de compra.

El fallo pone en entredicho la estrategia de la administración anterior para perseguir presuntos actos de corrupción vía créditos fiscales. La empresa de Duarte, dedicada a la producción agrícola, había sido multada por el SAT con cargos por ISR e IVA, este último improcedente según argumentó la defensa, al tratarse de una actividad agropecuaria exenta.

Más allá del regreso de una propiedad, lo que está en juego es el equilibrio entre el debido proceso, la viabilidad de obras públicas y la autoridad moral de las instituciones que administran justicia y recursos estratégicos.

En Red República creemos que donde se debilita el Estado de Derecho, florecen los vacíos que amenazan la infraestructura pública. Porque cada pozo recuperado sin planificación es una fuga de confianza institucional.