Con altas probabilidades de lluvia durante toda la semana, Jiménez enfrenta un doble desafío: prevenir inundaciones urbanas y mitigar accidentes viales que ya están afectando tanto a ciudadanos como a negocios locales. Esta misma semana, un motociclista fue impactado por un automóvil que omitió un alto, en una intersección que ya ha registrado múltiples incidentes similares.
Más allá del impacto humano, estos sucesos tienen una consecuencia económica directa: retrasos en entregas, daños a vehículos productivos, incremento en costos de seguro y saturación de servicios médicos públicos. Comercios y empresas pequeñas se ven especialmente vulnerables, ya que sus repartidores y trabajadores operan bajo condiciones climáticas adversas y con movilidad limitada.
Además, cada accidente vial genera gasto público: patrullas, ambulancias, peritajes y reparación de infraestructura dañada. En tiempos de austeridad, ese dinero podría haberse destinado a prevención, pavimentación o servicios básicos.
Urge una estrategia coordinada entre gobierno, sector asegurador y empresas para reducir la siniestralidad urbana y fortalecer la cultura vial, especialmente durante temporada de lluvias.
Red República lo afirma: cada choque no solo se mide en fierros, también se mide en costo social y económico.
