La reciente evasión de Juan Carlos Wang González, alias “El Brother Wang”, ha encendido las alarmas entre organizaciones civiles especializadas en seguridad y justicia. El Centro de Seguridad y Participación Ciudadana (CSP) emitió un contundente posicionamiento este lunes, en el que condena la actuación del juez federal que permitió la salida del presunto criminal, actualmente considerado uno de los operadores más importantes del tráfico de armas entre México y Asia.
Según el comunicado del CSP, existen “indicios preocupantes de colusión institucional” en la liberación del detenido, ocurrida apenas días después de su captura en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La organización exigió una investigación profunda y sanciones ejemplares no solo contra el juez, sino también contra cualquier funcionario que haya facilitado u omitido información relevante durante el proceso.
El caso no es menor. Wang González fue identificado por agencias internacionales como un eslabón clave en el trasiego de armamento ilegal que abastece a grupos delictivos en varias entidades del país. Su liberación no solo compromete investigaciones estratégicas, sino que representa un retroceso para la cooperación internacional en materia de seguridad.
El CSP señaló que estas irregularidades afectan directamente la confianza del sector privado en el sistema de justicia, y generan un entorno de incertidumbre para la inversión nacional y extranjera. “No puede haber Estado de derecho si las decisiones judiciales favorecen a redes criminales”, apunta el documento.
En un momento en que México busca posicionarse como destino confiable para el nearshoring y la inversión tecnológica, episodios como este minan la credibilidad institucional. El CSP cerró su postura con un llamado a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura Federal a revisar el caso y garantizar que los intereses del país no queden supeditados a intereses particulares o actos de corrupción judicial.
