La mañana de este martes, un grupo de manifestantes bloqueó la calle 11 en el centro de Chihuahua, generando un severo caos vial que se prolongó por varias horas. El motivo de la protesta fue exigir mayores apoyos sociales y cumplimiento de compromisos gubernamentales relacionados con programas de asistencia a comunidades vulnerables. Aunque la causa responde a demandas legítimas, las consecuencias económicas para la ciudad son innegables.
Cada bloqueo en el corazón comercial de Chihuahua implica pérdidas inmediatas para decenas de negocios. Restaurantes, tiendas y pequeños comercios ven reducida su clientela al no poder acceder vehículos ni peatones con normalidad. Transportistas y repartidores enfrentan costos adicionales en gasolina y tiempos de traslado, mientras que los empleados que trabajan en oficinas cercanas llegan tarde o no logran cumplir con sus jornadas completas.
El costo oculto es enorme: según el Banco Interamericano de Desarrollo, las ciudades latinoamericanas pueden perder hasta un 4% de su PIB por problemas de movilidad. En el caso de Chihuahua, donde el centro concentra buena parte de la actividad administrativa y comercial, cada hora de cierre multiplica esas pérdidas.
La protesta también obliga al gobierno a destinar recursos adicionales en seguridad, gestión de tránsito y negociación con los manifestantes, lo que implica desvío de presupuesto que podría dirigirse a proyectos de desarrollo económico.
A largo plazo, este tipo de conflictos afectan la percepción de estabilidad. Empresas nacionales e internacionales consideran la movilidad y la seguridad urbana como factores decisivos antes de instalar operaciones. La imagen de una ciudad paralizada por protestas recurrentes puede restar atractivo a Chihuahua como destino de inversión.
En Red República subrayamos que cada manifestación, aunque legítima, deja una factura económica: bloquea ventas, reduce productividad y erosiona la confianza en la capacidad de la ciudad para sostener dinamismo empresarial.
