El reporte de que el Poder Judicial mexicano arranca con un 50% de funcionarios improvisados encendió la alerta. La falta de experiencia y preparación técnica en jueces y magistrados no solo es un problema institucional: es un costo directo para la economía del país.
Un poder judicial débil genera incertidumbre en los mercados. Cada resolución mal fundamentada, cada juicio prolongado o cada señal de corrupción se traduce en mayores riesgos para inversionistas. Empresas nacionales y extranjeras requieren certeza jurídica para instalar fábricas, firmar contratos y planear a largo plazo. Si los tribunales no son confiables, la competitividad se erosiona.
La economía mexicana, que se encuentra en una coyuntura clave con el nearshoring, necesita un poder judicial que brinde confianza a las empresas que buscan trasladar sus cadenas de suministro al país. La improvisación en los tribunales, por el contrario, genera dudas sobre la capacidad de México para garantizar seguridad jurídica a nivel internacional.
El costo se multiplica: aumenta la informalidad, se retrasan inversiones y se encarecen procesos legales. Para los empresarios, esto significa mayor gasto en abogados, seguros y mecanismos alternos de resolución de conflictos.
En Red República enfatizamos que la justicia improvisada no es solo una falla institucional: es un obstáculo que debilita la competitividad y cuesta millones en crecimiento perdido.
