La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su Gobierno presentará una demanda por difamación contra Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, quien aseguró en una audiencia en Chicago que el Ejecutivo mexicano actuaría como “brazo de relaciones públicas” del crimen organizado, y acusó al gobierno de proteger al general Salvador Cienfuegos.
Más allá del recrudecimiento del discurso, la acción legal responde a una estrategia deliberada para proteger la reputación institucional, fortaleciendo el estado de derecho y la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. Si no se actúa contra denuncias sin fundamento, se abre espacio al riesgo reputacional, que puede traducirse en menor acceso a créditos internacionales, aumento del costo de financiamiento y mayor riesgo país.
La demanda se gestionará mediante la Consejería Jurídica de la Presidencia y se presentará ante tribunales mexicanos. La mandataria ha señalado que este tipo de señalamientos no pueden quedar impunes, especialmente cuando provienen de figuras con visibilidad mediática internacional.
Expertos en relaciones públicas y política internacional coinciden: la credibilidad de un gobierno se construye también manteniendo altos estándares frente a agresiones mediáticas. En la balanza, la demanda no solo busca reparación reputacional, sino disuadir futuras acciones que podrían distorsionar asociaciones institucionales críticas, como la coordinación bilateral con EE UU en temas de seguridad.
Red República concluye: en diplomacia y negocios, reputación no es un lujo; es una variable estratégica que debe defenderse con herramientas legales.
