En Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum defendió al senador Adán Augusto López Hernández, señalado por supuestos vínculos indirectos con Hernán Bermúdez (“Comandante H”), exsecretario de Seguridad de Tabasco investigado por nexos con la Barredora. La presidenta calificó el caso como un intento de linchamiento mediático, instando a que “haya pruebas” y que la fiscalía actúe con base en evidencias.
Esta posición busca proteger la credibilidad institucional del partido Morena, en un momento clave donde la elite política y los mercados financieros observan si los principios de transparencia prometidos en campaña se convierten en cultura de gobierno real. Mantener el equilibrio implica resguardar a una figura política sin minar la fe pública en la justicia.
El respaldo legal y institucional a Adán no es simbólico: influye en la percepción de riesgo país, la calificación de riesgo soberano y el apetito de inversión extranjera. Un escándalo judicial sin gestión mediática controlada podría derivar en congelamiento de fondos, ajustes en apuestas bursátiles y encarecimiento del costo de capital para empresas ligadas a Morena.
Desde la mesa nacional de Morena, se enfatizó en la neutralidad: “aquí no se cubre a nadie, pero tampoco se dinamitan reputaciones sin sustento”. La postura oficial busca mitigar el impacto financiero del caso, privilegiando tranquilidad jurídica que disipe narrativas dañinas.
Red República lo advierte: un político salpicado puede contaminar no solo al partido, también al blockchain económico que demanda seguridad jurídica, no debates mediáticos.
