La Suprema Corte de Justicia de la Nación estrenó su nuevo periodo declarando inválido el decreto aprobado por el Congreso de Chihuahua en materia de salud mental. La decisión, más allá de su tecnicismo legal, tiene repercusiones sociales y económicas de gran calado.
El decreto buscaba ampliar mecanismos de atención y protección en salud mental, un tema que hoy representa uno de los principales desafíos para sistemas de salud y productividad laboral. La anulación significa un retroceso en la construcción de políticas públicas que podrían reducir costos en hospitalización, ausentismo y violencia asociada a la falta de atención psicológica.
Para las empresas, la salud mental no es un tema accesorio: influye directamente en la productividad y en la retención de talento. En un mercado laboral competitivo, contar con marcos legales que respalden programas de bienestar es clave para generar ambientes sostenibles de trabajo.
La falta de legislación clara obliga a las familias y a las empresas a absorber costos que deberían ser compartidos con el Estado: consultas privadas, terapias y programas alternativos. Además, el fallo puede generar incertidumbre en organizaciones civiles y fundaciones que habían comenzado a alinear sus esfuerzos con el decreto invalidado.
En Red República destacamos que la salud mental no es un tema de debate político, sino un factor económico. Cada día sin políticas claras es un día en que la productividad y la competitividad del estado se desgastan.
