Transportistas dedicados al acarreo de material para obras públicas se manifestaron esta semana en Parral debido al presunto incumplimiento de pagos por parte del Gobierno del Estado. La protesta, encabezada por varios representantes del gremio, dejó al descubierto una problemática silenciosa pero de alto impacto: los eslabones subcontratados de la obra pública son frecuentemente los más vulnerables cuando los recursos se retrasan o desaparecen.

Los operadores exigen el pago de viajes realizados desde hace semanas en distintas obras de rehabilitación y pavimentación dentro del municipio. Varios afirman haber trabajado sin contrato formal o bajo acuerdos verbales con constructoras ligadas al gobierno, situación que los deja legalmente desprotegidos y financieramente asfixiados.

El problema va más allá del conflicto entre particulares. La interrupción del suministro de materiales ha paralizado frentes de obra, alargando plazos de entrega y encareciendo los costos logísticos. Las constructoras contratistas, en un intento por deslindarse, culpan al gobierno estatal por no liberar recursos a tiempo, mientras que el gobierno asegura que ya se realizaron las transferencias correspondientes.

El efecto dominó no se detiene en las obras: ferreterías, gasolineras, refaccionarias y talleres que brindan servicios al gremio de transportistas también reportan caídas en su facturación. Se trata de una microeconomía altamente interdependiente que colapsa rápidamente cuando uno de sus elementos —el flujo de efectivo— se detiene.

Expertos advierten que si no se regula con mayor transparencia la cadena de contratación en obra pública, estos conflictos seguirán repitiéndose, afectando tanto la infraestructura como la economía local.

Red República recuerda: cuando los de abajo no cobran, los de arriba tampoco construyen credibilidad.