El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solicitó un presupuesto adicional de 260 millones de pesos para organizar las elecciones federales de 2027. Aunque la cifra ha levantado críticas en sectores sociales y políticos, el análisis económico revela que se trata de una inversión estratégica en estabilidad y confianza.
Organizar elecciones no es un gasto menor. Involucra capacitación de personal, contratación de tecnologías de conteo y seguridad, campañas de información, observadores y logística en todo el país. Cada peso invertido en transparencia y certidumbre electoral se traduce en confianza para empresarios e inversionistas, quienes valoran la estabilidad política como un factor decisivo al instalar operaciones o cerrar contratos de largo plazo.
La democracia tiene un costo tangible, pero también un retorno económico. Procesos electorales cuestionados generan incertidumbre, parálisis en proyectos de inversión y hasta fuga de capitales. Un país que garantiza procesos confiables atrae capital, mientras que uno con elecciones frágiles lo pierde.
El debate, sin embargo, se da en un contexto de presiones presupuestales. Con sectores como salud y educación reclamando recursos, el reto del Tribunal será justificar que cada peso solicitado se traduzca en eficiencia y resultados visibles para la ciudadanía.
A nivel comparativo, países con sistemas electorales sólidos suelen destinar porcentajes significativos de su PIB a garantizar comicios. En México, la cifra puede parecer elevada, pero representa una fracción mínima frente al impacto que tendría una crisis de legitimidad democrática.
En Red República subrayamos que la democracia no es gratis: cada voto cuesta, pero cada elección confiable fortalece el ecosistema económico del país. Los 260 millones solicitados son también una inversión en certidumbre y competitividad.
