Donald Trump encendió nuevamente el debate bilateral al prometer que, de llegar al poder, “borrará de la existencia a los cárteles”. Aunque la frase tiene un alto valor mediático, también genera un eco directo en la economía mexicana, particularmente en estados fronterizos como Chihuahua.
El narcotráfico no solo es un problema de seguridad: también representa un costo económico oculto. Las empresas que operan en regiones con presencia criminal enfrentan extorsiones, pagos ilegales, mayores costos en seguridad privada y pérdida de productividad por cierres de rutas o retrasos en la cadena de suministro. Para el comercio fronterizo, estas presiones son un impuesto paralelo que resta competitividad.
La promesa de Trump, sin embargo, despierta temores sobre la forma en que intentaría cumplirla. Operativos militares unilaterales, sanciones o políticas de choque podrían desatar tensiones diplomáticas con México y generar incertidumbre en mercados clave como el automotriz, agrícola y energético. Un discurso de “mano dura” puede agradar a votantes estadounidenses, pero genera dudas en inversionistas internacionales que buscan estabilidad.
En Chihuahua, donde la relación con Estados Unidos es vital, cualquier alteración en el flujo comercial afectaría directamente a maquiladoras, exportadores agrícolas y transportistas. Los empresarios locales saben que el comercio depende tanto de la seguridad física como de la seguridad jurídica.
El narcotráfico es también un freno al turismo, a la inversión inmobiliaria y a la llegada de talento extranjero. Erradicarlo sería un alivio, pero hacerlo sin coordinación binacional podría tener costos más altos que beneficios inmediatos.
En Red República enfatizamos que el discurso de Trump no solo es político: es un recordatorio de cómo la seguridad define la economía. Cada palabra sobre cárteles repercute en mercados, contratos y confianza fronteriza.
